En Chile, en promedio, de una jornada de ocho horas, tres se trabajan para generar los ingresos que permitirán pagar los salarios y cinco se trabajan para generar la masa de ganancias que obtiene el dueño de la empresa(1). Esto quiere decir que, en general, si la jornada comienza a las 8AM, a las 11AM ya se pagan los salarios y todo el resto es tiempo de trabajo para el capital. Esta relación entre tiempo trabajado para pagar salarios y tiempo trabajado para el propietario de los medios de producción da cuenta de la verdadera desigualdad de ingresos que existe en nuestra sociedad y que las autoridades, gobiernos de turno y medios de comunicación controlados por los grandes grupos
económicos no suelen mostrar.

A propósito del duro debate sobre el aumento del salario mínimo, que se elevará de manera gradual hasta llegar a los 500 mil pesos el próximo año, parece pertinente reflexionar sobre lo que está pasando con el trabajo en Chile, con sus trabajadores, trabajadoras y sus órganos colectivos de representación, los sindicatos.<br>
Previo a ello es necesario recordar que esta demanda del movimiento sindical en particular de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT se levantó antes de las movilizaciones del 19 de octubre del 2019, se sostuvo durante la pandemia, se reiteró sistemáticamente cuando la crisis económica post Covid 19 golpeaba más duramente a las familias y finalmente hoy se han manifestado las voluntades políticas que lo hacen viable a corto plazo.

El sindicalismo actual enfrenta un escenario difícil, quizá el más complejo de las últimas cinco décadas. Se halla profundamente fragmentado como consecuencia del ordenamiento jurídico que regula su funcionamiento desde la promulgación del plan laboral el año 1979. Desde esa fecha en adelante ha debido sortear innumerables
obstáculos para hacer frente a las demandas laborales, en especial para cuidar los empleos y defender el salario. A lo largo de su historia, el sindicalismo, al menos el formal, ha tenido esas dos preocupaciones que son, además, las que les hacen sentido a los y las trabajadoras para estar afiliados a los sindicatos.

A 50 años del Golpe de Estado, Hernán Larraín, participa en la escritura de un nuevo texto constitucional para la república de Chile y es uno de los personajes responsables de dejar atrás la Constitución impuesta por la dictadura cívico-militar de 1980 que sigue vigente. Larraín fue dirigente gremialista de la Universidad Católica y es un
histórico miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que ha tenido a Jaime Guzmán como mentor y a Paul Schäfer como líder espiritual. Negacionista y defensor de Pinochet, ministro de Justicia y DDHH del gobierno de Sebastián Piñera y ex senador. Es difícil encontrar el carácter democrático de este proceso, aun cuando, su
marco legal, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, establece en su párrafo inicial que este deberá ser “un procedimiento inobjetablemente democrático”.