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Hace un buen tiempo que han sonado las alarmas que advierten los riesgos que afronta la democracia a nivel global y local. La democracia chilena reconstruida luego de 17 años de resistencia a la dictadura civil militar y tras treinta años de gobiernos civiles, está bajo amenaza. El crimen organizado ha ganado terreno, penetra la institucionalidad y conquista territorios. Delitos de alta connotación pública copan la agenda pública, mientras la sensación de inseguridad se amplifica en los medios de comunicación. Una sensación que no siempre está acompañada de datos estadísticos que sustenten tal apreciación, pero que llega profundo en la población. Si la actuación del crimen organizado es una amenaza a la democracia y a los derechos a la seguridad de la ciudadanía y el buen vivir, la corrupción es un flagelo que interactúa y facilita nuevos y mayores riesgos. Más aun cuando esta se incuba en las instituciones encargadas de velar y ejercer el poder democrático, cuando se instala en la parte alta de pirámide de mando de las policías, las Fuerzas Armadas y poderes civiles como la justicia.

Libio Pérez

Editor General de la edición chilena de Le Monde Diplomatique

A partir de los hechos que se han conocido en estas últimas semanas con el audio del abogado Luis Hermosilla son diversas las reacciones y consecuencias que se han provocado. En primer término, hay que decir que es difícil haber previsto que el primer formalizado en esta causa cuando se conoció el audio iba a terminar siendo el propio director de la Policía de Investigaciones (PDI), con lo que quiero señalar que en general en este tipo de causas es difícil prever hacia dónde finalmente van a derivar los acontecimientos.

Carlos Gajardo Pinto

Exfiscal y actual asesor de la carrera de Derecho Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

La característica central del proceso de a-tematización de la política contingente es la instalación de la seguridad ciudadana como el asunto prioritario de las propuestas y el debate político. Llamamos provisoriamente a este fenómeno atematización política, para distinguirlo de la supuesta despolitización de la opinión ciudadana, tesis con lo cual se quiere encubrir la incapacidad de convocatoria de los partidos políticos. No, aquí nos referimos al hecho constatable de que ni los partidos políticos, ni los intelectuales ni la academia se están haciendo cargo del discernimiento sobre el asunto político central del presente, nos referimos a si es el mercado o el Estado es el que debe resolver las demandas más acuciantes de la población, como son el acceso universal y de calidad a: la salud, la previsión social, la educación, la vivienda, de igual manera que a otros derechos más genéricos como el pleno empleo con salarios justos, la provisión de medio ambiente sano y el control de la crisis climática que está deviniendo catastrófica, la instauración de garantías explicitas de igualdad de género, social, etaria, cultural, acceso y manejo al tiempo libre, etc. y, sobre todo, ahora, seguridad ciudadana. Es de destacarse que, la demanda social por seguridad de los bienes y personas es tan alta que en estos momentos el contingente de funcionarios particulares que se ocupa de la seguridad privada quintuplica al contingente público -carabineros, detectives y gendarmes- que se ocupa de igual función.

Ibán de Rementería

Corporación Ciudadanía y Justicia

El gobierno no puede condicionar los compromisos adquiridos en su programa a obtener una mayoría imposible, en un Congreso en el que es minoría. La estrategia debe ser otra. ¿Es posible hacer un plan de inversión extraordinaria en el servicio local de educación (SLEP) de Atacama, a modo de piloto de la nueva educación pública? La austeridad es una virtud política que se transforma en vicio cuando se desconecta de la racionalidad política que da sustento a una buena administración.

Álvaro Ramis

Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Editorial Espartaco

Abril de 2024

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