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Dos procesos constitucionales, con sus respectivas elecciones de consejeros constituyentes y refrendados por sendos plebiscitos indicarían que la democracia chilena goza de buena salud. Sin embargo, pese a los ejercicios democráticos y los continuos viajes a las urnas, los sondeos de opinión dicen otra cosa. Si en 2017, un 68% de la población creía que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno, este porcentaje ha ido bajando considerablemente hasta llegar a un 46%. En paralelo se ha incrementado el número de personas que ve con buenos ojos la llegada de un gobierno más autoritario.

El panorama que dejan las cifras al descubierto es el caldo de cautivo para los populismos de extrema derecha, como ya se ha apreciado en EEUU, Brasil, Hungría, Turquía y Argentina, así como en el ascenso de la ultraderecha en Chile, que por momentos ha logrado hegemonizar al conjunto del campo conservador, en el marco de una disputa que aún está por resolverse. Pero no es una lucha reciente por la hegemonía en la conducción del bloque en su afán de “derrotar a la izquierda” y ganar “la batalla de las ideas”.

Libio Pérez

Editor General de la edición chilena de Le Monde Diplomatique

Dossier Democracia

El debate sobre la reforma política se ha tomado el Congreso y los medios de comunicación, con propuestas de medidas que buscan excluir actores de la representación política. El diagnóstico que predomina identifica la dificultad de aprobar agendas de gobierno, pero se apresura a empujar como causa factores que, por el contrario, contribuyeron a la inclusión de nuevos actores gracias al fin del sistema binominal. Así, se busca impedir el ingreso de nuevos partidos a través de un umbral nacional y hasta se ha argumentado en favor de disminuir el tamaño de los distritos, todas medidas que buscan suprimir la representación de voces, con el potencial de ahondar aún más la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Julieta Suárez-Cao

Profesora del Instituto de Ciencia Política PUC

Dossier Democracia

El reconocimiento de la humanidad de que las mujeres tienen derecho a tener derechos, es relativamente reciente. Producto de las luchas de las mujeres, feministas y no feministas, el 25 de junio de 1993, se declaró en Viena, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, como lo recuerda Alda Facio: “«Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”.

Es desde esta fecha que las democracias no pueden obviar estos derechos y las democracias contemporáneas tienen que resolver los problemas de desigualdades entre hombres, mujeres y diversidades, étnicas y sexuales, como se ha propuesto en los objetivos del milenio para el siglo XXI desde la Naciones Unidas.

Margarita Iglesias Saldaña

Historiadora, coordinadora Magister en Género y Cultura, mención Humanidades, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

Dossier Democracia

Con el regreso de la democracia en 1990, se volvió a activar la máquina política con la que se gobernó al país hasta 1973. El sistema democrático representativo, mostraba en ese momento un desgaste terminal, intervenido por una alta ideologización que no daba opciones de corrección o cambios sustantivos para asegurar la estabilidad general del país. Así, la dictadura civilmilitar gobernó Chile durante 17 años, en un permanente estado de excepción, a veces disfrazado de una legalidad y pseudodemocracia que finalmente, terminaba en las decisiones que el dictador y sus asesores más cercanos tomaban para dirigir el país.

Jorge Brower Beltramin

Profesor Titular Facultad Tecnológica-Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Publicidad e Imagen.

Dossier Democracia

A fines del siglo pasado, hace poco más de 25 años, el proceso de democratización en Chile, como en muchos otros países de América Latina, demandó cuestionar y replantear el funcionamiento de diversas instituciones en ámbitos clave de la política pública. Entre ellos, y probablemente el más profundamente intervenido, el de la Seguridad Interior. La denominación por sí misma ya denotaba un déficit democrático, y es que tal como fue planteado por el PNUD en 1994, “La seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación que con la gente.” (Informe Desarrollo Humano.)

Alejandra Mohor* y Felipe Abbott**

*Investigadora y docente Facultad de Gobierno CESC. Universidad de Chile
**Académico Departamento Ciencias Penales - Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho; Universidad de Chile

Editorial Espartaco

Junio 2024

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